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Editorial

Isidro Elías Suárez Padrón


La inversión que realiza un estado en ciencia, tecnología e innovación es la apuesta que realiza un país para mejorar los procesos y a partir de estos aumentar la productividad de las industrias, los rendimientos por la venta de bienes y servicios, obtener mayores recursos para la inversión social y al final mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Si se miran las cifras de inversión en ciencia tecnología e innovación que realizan ciertos países, del total de su PIB, esta puede una de las variables que explican sus niveles de desarrollo económico, sus índices de desarrollo humano y su competitividad en el mercado global: Israel 4%, Japón, Corea del Sur y Singapur 3%, Estados Unidos 2.8%, China 2%, Brasil 1,2%, Chile 1%, México 0,5, Colombia 0.37%, Bolivia 0.26% y Nicaragua 0.05%.
En Colombia, el desarrollo de la ciencia y la tecnología ha sido responsabilidad de Colciencias, que primero como Instituto y ahora como Departamento Administrativo, ha hecho una labor loable con tan pocos recursos representado en cualificación de profesionales a niveles de maestría y doctorado, tiene un sistema organizado con base en centros, institutos y grupos, y apoya la realización de investigaciones y actividades en un nivel muy limitado, lo cual se evidencia en el alto número de proyectos y propuestas calificadas como elegibles y el reducido grupo que alcanza el carácter de financiable; esto trae consecuencias de tipo motivacional, falta de indicadores para los grupos, centros e institutos que invierten en su conformación y uso poco eficiente de los fortalezas disponibles, especialmente el recurso humano cualificado y la capacidad instalada de las instituciones. La situación se convierte en una calle sin salida, si se observa que Colombia no es un país con tradición de inversión del sector privado en ciencia y tecnología. Esta situación pareció mejorar cuando se promulgó la ley 1289, que regula la distribución de los recursos provenientes por las regalías por explotación de recursos naturales, y determinó que un 10% de estos recursos se invertirían en ciencia, tecnología e innovación, un aproximado de 2,5 billones de pesos. Aunque el espíritu de la Ley fue consecuente con la necesidad, la implementación de la misma ha dejado un profundo sinsabor en el sector académico: un alto nivel de improvisación como consecuencia del desconocimiento de los procedimientos a seguir, proyectos que aunque formulados por IES son en primera instancia avalados y seguidamente presentados formalmente a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCADs) por entes territoriales que en algunos casos tienen poca capacidad de comprensión de los mismos, definición de su aprobación en un triunvirato que desplazó a Colciencias asignándole solamente una labor logística de secretariado y una excesiva demora en los giros de los recursos para iniciar la ejecución de los proyectos aprobados, son tres de las fallas que se pueden contar, esto sin incluir que el sistema no es agresivo atrayendo la inversión privada como un mecanismo educativo que culturice a la industria a invertir para cuando los recursos provenientes de las regalías se agoten, o no sean lo suficientemente abundantes como aparecen en el presente.

Partiendo del espíritu bien intencionado de la Ley Nacional de Regalías, es menester hacer algunos ajustes para evitar que la gran oportunidad de direccionar al país hacia una cultura de inversión en ciencia, tecnología e innovación se convierta en un fracaso más que atrase un nuevo intento al menos unos 50 años más para lo cual es necesario: Con base en la experiencia acumulada es necesario darle a Colciencias una participación de mayor jerarquía en la priorización y evaluación de los proyectos así como en el manejo de los recursos para ponerlos a disposición de los investigadores con mayor agilidad, articular los Comités Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Competitividad para priorizar y avalar las propuestas reduciendo el grado de vinculación de los mandatarios locales en este proceso, y lo más importante articular la Ley Nacional de Ciencia y Tecnología con el Estatuto Tributario que obligue a las empresas a destinar parte de sus rendimientos a financiar Fondos Específicos para financiar la generación de conocimiento y transferencia de tecnología en su sector como una medida que garantice la sostenibilidad de la actividad en un futuro medio a lejano.